El 2 de enero de 2023, en la Calle Añasco C-58 de Bonneville Heights, Caguas, la Policía de Puerto Rico utilizó un Taser contra Elvis Acevedo Gómez, un hombre de 38 años con problemas de salud mental, quien se mostraba agresivo y resistente a ser trasladado para evaluación médica. A pesar de los intentos de persuasión por parte de los agentes, Acevedo continuó con su comportamiento amenazante, lo que llevó al Agente Jorge Rivera a activar el dispositivo de control eléctrico, resultando en lesiones menores en el abdomen y pecho de Acevedo. Después del incidente, el Teniente Ángel Cortés fue notificado y un sargento de la unidad investigó, determinando que el uso de la fuerza fue justificado, aunque se identificaron deficiencias en la documentación del proceso. Elvis fue transportado al hospital para recibir atención médica, mientras que no se reportaron lesiones severas entre los agentes.

El 19 de diciembre de 2022, la policía respondió a un incidente de violencia doméstica en el Residencial Juan Jiménez García en Caguas, donde arrestaron a Jason Martínez García, un joven de 18 años que mostró resistencia activa durante el proceso. A pesar de los intentos de apaciguamiento, la situación escaló y el Agente José Colón utilizó un Taser en tres ocasiones para someter a Martínez, quien sufrió varias laceraciones a causa de este dispositivo y fue llevado al hospital para tratamiento. La Sargento Lorna M. Padilla evaluó la situación y determinó que el uso de fuerza por parte de los agentes fue justificado, dado el contexto de violencia doméstica y la resistencia del arrestado, asegurando que los procedimientos de la Policía de Puerto Rico fueron seguidos adecuadamente. No se reportaron lesiones en los oficiales involucrados.

El 6 de diciembre de 2022, en la Urbanización Villa del Rey en Caguas, la Policía de Puerto Rico intervino en un incidente que involucró a Rafael Miranda Tolentino, un hombre de 39 años bajo investigación por compra de drogas. Durante la intervención, Miranda ignoró las órdenes de detenerse y trató de huir, volviéndose agresivo y tratando de acceder a un arma de fuego. En respuesta, los agentes sacaron sus armas y utilizaron un Taser, lo que resultó en su arresto tras sufrir una herida en la rodilla. Un agente también sufrió una lesión menor. La investigación posterior determinó que el uso de fuerza fue justificado, aunque se recomendó mejorar la capacitación y revisar los protocolos para evitar deficiencias en la documentación de las acciones policiales. El caso fue referido a la Junta de Revisión de Fuerza para una evaluación más profunda.

El 25 de noviembre de 2022, en el barrio Jacaguas de Juana Díaz, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza física durante el arresto de Wilmer López Montijo y Katia Y. Caraballo Meléndez, sospechosos de un robo en Walmart. La situación escaló cuando Caraballo agredió a la agente Luz Mary Cruz, quien sufrió contusiones y laceraciones, lo que requirió atención médica. A pesar de la resistencia activa de Caraballo y la intervención violenta de López, los agentes lograron controlar la situación. El teniente Ramiro Fernández Colón determinó que el uso de la fuerza fue justificado, y ambos sospechosos enfrentan cargos por agresión y resistencia al arresto, con fianzas fijadas en $150,000, que no pudieron prestar, resultando en su ingreso a instituciones correccionales. Las acciones de la policía fueron documentadas y evaluadas conforme a sus políticas, asegurando la rendición de cuentas en el proceso.

El 16 de noviembre de 2022, a las 8:30 PM, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza durante la detención de Frances Stephanie Rivera, de 35 años, en la Carretera #18, en dirección a Caguas. La intervención se inició tras sospechar que Rivera conducía bajo los efectos del alcohol; al abordarla, mostró resistencia activa al intentar salir de su vehículo. Los agentes aplicaron técnicas de arresto y colocaron restricciones mecánicas. Rivera, que presentaba síntomas de intoxicación y un contenido de alcohol de 0.212%, se negó a recibir atención médica. La investigación del incidente, supervisada por el Sargento Víctor M. Rivera Colón, concluyó que el uso de fuerza fue justificado y proporcional, conforme a las políticas del Departamento de Policía de Puerto Rico. No se reportaron lesiones y el caso fue revisado por supervisores, quienes confirmaron la adecuación de la actuación policial.

En un incidente ocurrido en la gasolinera Puma en Caguas, Puerto Rico, en la madrugada del 15 de noviembre de 2022, la policía utilizó fuerza contra Yatniel Gabriel García Ayala, un joven de 17 años, sospechoso de un "carjacking". Tras localizar el vehículo robado, el agente José L. Cruz rompió el cristal del auto para acceder, y durante un forcejeo, varios agentes le colocaron esposas al sospechoso, quien mostró resistencia activa. Ambos, Yatniel y los agentes, sufrieron lesiones y recibieron atención médica. La investigación, supervisada por el Teniente II Elvin R. De Thomas Díaz, concluyó que el uso de fuerza fue justificado y dentro de las políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, recomendándose adiestramiento adicional para los agentes en el manejo de situaciones similares.

El 19 de octubre de 2022, a las 3:50 AM, la Policía de Puerto Rico llevó a cabo un allanamiento en la Calle Cecilianna #29, en el barrio Las Carolinas, Caguas, utilizando fuerza justificada según los informes internos. El equipo SWAT, después de anunciar su presencia con comandos claros y forzar la puerta principal, detuvo a Joshua Rodríguez, de 26 años, y a Josefina Merced de Jesús, de 74 años, tras encontrar un arma de fuego sin licencia y sustancias controladas en la vivienda. Ambos detenidos cooperaron durante el proceso y no presentaron lesiones, rechazando atención médica. La operación fue supervisada por varios oficiales y se determinó que el uso de fuerza, clasificado como "nivel 3", fue adecuado, sin violaciones a las políticas del Negociado de la Policía.

El 19 de octubre de 2022, a las 03:55 a.m., un equipo de diez agentes del SWAT realizó un allanamiento en la residencia de José Oscar Rodríguez Merced, de 47 años, en la comunidad de Las Carolinas, Caguas, tras la autorización de la Jueza Sonya Nieves. Durante el operativo, catalogado como uso de fuerza de nivel 3, los agentes emplearon armas de fuego y forzaron la entrada con un “halligan”, pero aseguraron a Rodríguez sin resistencia ni lesiones reportadas. El Teniente II Elvin de Thomas Díaz, responsable de la investigación, concluyó que la actuación del SWAT fue justificada y conforme a las políticas del Negociado de Policía de Puerto Rico, lo que fue respaldado por otros supervisores, confirmando que no hubo violaciones en el uso de la fuerza.

El 14 de octubre de 2022, a las 21:43 horas, la Policía de Puerto Rico intervino en la Calle Pitirre, Urbanización Reparto San José en Caguas, tras recibir múltiples llamadas al 911 sobre un hombre agresivo, Carlos J. Alonso Collazo, de 37 años, que estaba causando daños y portando un machete (más tarde se determinó que era un pequeño árbol). Durante la intervención, Alonso mostró resistencia activa, lo que llevó al Agente José L. Cruz Delgado a utilizar un dispositivo de control eléctrico (DCE), aplicando dos descargas que lo incapacitaron. Alonso fue atendido por lesiones menores y transportado al hospital. Las acciones de la policía fueron consideradas justificadas, ya que representaban un riesgo tanto para él como para la comunidad, y se realizó una evaluación que resultó en una orden de ingreso a una instalación de salud mental. La madre de Alonso aprobó la intervención, y la revisión administrativa del incidente corroboró la adecuación del uso de la fuerza.

El 27 de septiembre de 2022, la Policía de Puerto Rico intervino en el Residencial Raúl Castellón en Caguas para ejecutar una orden de ingreso involuntario contra Carmen Ivette Claudio Román, de 44 años, debido a problemas de salud mental. Tras un comportamiento hostil y agresivo de Claudio, que incluyó golpear y patear a los agentes, se decidió utilizar un taser, que fue aplicado a la espalda de la mujer, provocando su caída. Aunque sufrió quemaduras y lesiones menores, recibió atención médica en el Hospital HIMA de Caguas. La investigación del Teniente Juan Pacheco concluyó que el uso de la fuerza fue justificado, aunque se señalaron fallas en la documentación del informe. El director del precinto, Teniente II Rafael Rodríguez Otero, recomendó capacitación adicional para mejorar la gestión de estos incidentes, resaltando la necesidad de rendir cuentas en el uso de la fuerza por parte de la policía.

El 19 de septiembre de 2022, en Caguas, Puerto Rico, la policía intervino en un incidente tras el robo de un vehículo que transportaba a una mujer y su bebé. Al localizar el vehículo robado, el conductor, Juan C. Díaz Torres, perdió el control y colisionó. Al intentar someterlo, los agentes José L. Cruz Delgado, Ivonne M. Bermúdez Oquendo y Benny Rodríguez Ortiz desenfundaron sus armas y ordenaron a Díaz que saliera, pero este no obedeció. Ante su resistencia, el Agente Cruz utilizó fuerza física para llevarlo al suelo y arrestarlo. Las víctimas, Gabriela M. Torres y su bebé, recibieron atención médica por lesiones relacionadas con el accidente, mientras que Díaz no sufrió lesiones y se negó a recibir atención médica. La Sargento Adelita Morales Ruiz, encargada de la investigación, concluyó que el uso de fuerza por parte de los agentes fue justificado y proporcional a la amenaza, confirmando que se siguieron los procedimientos establecidos.

El 11 de septiembre de 2022, en Caguas, Puerto Rico, la Policía intervino en un incidente que involucraba a Joshua José Soto Cruz, un joven de 25 años, tras una persecución de un vehículo robado que él conducía. Durante la intervención, los agentes, preocupados por el comportamiento evasivo de Soto Cruz y sospechando que pudiera estar armado, utilizaron el nivel de fuerza 3 al desenfundar sus armas y darle órdenes para que se identificara y se arrodillara. Soto Cruz cumplió sin resistencia y fue arrestado, sin que se reportaran lesiones significativas en él ni en los oficiales. Posteriormente, se determinó que el uso de fuerza fue justificado, aunque se encontraron fallos en la notificación y documentación del incidente, lo que llevó a recomendaciones de capacitación adicional para los agentes involucrados. La situación destaca la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de mejorar los procedimientos en el uso de la fuerza por parte de la Policía de Puerto Rico.

El 9 de octubre de 2022, la Policía de Puerto Rico respondió a un informe de violencia doméstica en el barrio Cañaboncito, Caguas, donde el sospechoso, José M. Rivera Báez, de 57 años, había disparado a su pareja. Al llegar al lugar, el agente Luis Acosta Román desenfundó su arma al acercarse al vehículo de Rivera, quien se entregó sin resistencia y confirmó que estaba armado. No se reportaron lesiones en el sospechoso ni en el agente. La investigación posterior, liderada por el sargento Rafael Pagán, determinó que el uso de fuerza por parte del agente Acosta fue justificado y conforme a las políticas de la Policía. El caso fue referido para revisión por el Comandante de Área, resaltando la rendición de cuentas en el manejo de la situación.

El 5 de septiembre de 2022, a las 3:45 PM, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza durante el arresto de un menor de 17 años, identificado como YGA, en la entrada de la Barriada Morales en Caguas. El Agente José Medina Pérez, quien observó a YGA con sustancias controladas, intentó arrestarlo, pero el menor se resistió, forcejeando con el agente y causándole una caída. A pesar de que YGA no presentó lesiones visibles, se quejó de dolor y fue atendido en el Hospital HIMA San Pablo, donde se certificó que estaba estable. Una evaluación posterior por el Sargento Carmelo Agosto determinó que el uso de fuerza fue justificado, corroborado por otros oficiales superiores, quienes confirmaron que los agentes actuaron conforme a los protocolos de la Policía de Puerto Rico.

El 1 de septiembre de 2022, a las 8:00 AM, la Policía de Puerto Rico realizó un arresto en la tienda Burlington Plaza Centro en Caguas, donde el agente César Ramos Montalvo intentó detener a Erik Falcón Contreras, un hombre de 44 años sospechoso de apropiación ilegal. Durante el intento de arresto, Falcón resistió, lo que llevó a un forcejeo en el que se aplicaron técnicas de "manos duras", incluyendo una torcedura en el brazo. A pesar de la resistencia, Falcón no sufrió lesiones visibles y fue evaluado en el Hospital Ambulatorio HIMA, donde se certificó que se encontraba en buen estado. Una investigación posterior, liderada por la sargento Lorna M. Padilla Cartagena, concluyó que el uso de fuerza fue justificado y proporcional a la situación. El incidente destaca tanto el protocolo de uso de fuerza de la policía como el proceso de rendición de cuentas tras el mismo.