El 5 de mayo de 2023, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza en Caguas, tras recibir una llamada al 9-1-1 sobre disparos de un vehículo Kia Forte. El agente Alberto Rosario Vélez detuvo al conductor, Efrain Emanuel Cruz Cruz, apuntándole con su arma y ordenándole que se tirara al piso, a lo que Cruz obedeció. Durante el registro del vehículo, se encontró una pistola Glock. El uso de fuerza fue clasificado como justificado y proporcional, en el contexto de la actividad delictiva, y un informe posterior evaluó el incidente conforme a los protocolos del Negociado de la Policía. No se reportaron lesiones y la investigación fue finalizada sin hallazgos que cuestionaran la actuación policial.

El 13 de abril de 2023, a las 5:15 a.m., la División SWAT de la Policía de Puerto Rico llevó a cabo un allanamiento en el Residencial Raúl Castellón, en Caguas, relacionado con violaciones a la ley de sustancias controladas, bajo una orden judicial. Durante el operativo, que se realizó sin reportes de lesiones a los agentes o a los involucrados, se identificó a Jayson Martínez García, quien obedeció las órdenes policiales, y se detuvo a Carlos Manuel Flores García, hallado escondido en un closet. Mayra García Rosa, presente en el lugar, sufrió un colapso emocional y fue atendida en un hospital. La investigación posterior, liderada por el Teniente II Rafael Ramos Ojeda, concluyó que el uso de la fuerza fue justificado y que el procedimiento cumplió con las políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, siendo evaluado de manera positiva por varios oficiales.

El 5 de abril de 2023, a las 20:10, la Policía de Puerto Rico intervino en la Avenida Degetau en Caguas tras una denuncia de Ian Gabriel Díaz Montañez, quien alegó que Juan Figueroa Carrión lo amenazó con un objeto que parecía un arma y le robó su teléfono celular. Durante el arresto, el Agente Ramón Martínez Santiago utilizó una técnica de barrido de piernas, considerada un uso de fuerza de nivel 2, para someter a Figueroa Carrión, quien intentaba huir. El sospechoso sufrió abrasiones en manos y piernas y fue llevado al Hospital HIMA San Pablo. Una investigación posterior, liderada por la Sargento Adelita Morales Ruiz, concluyó que el uso de fuerza fue justificado y cumplió con las políticas del Negociado de la Policía, con los cargos correspondientes presentados por el Fiscal Fernando Machado Figueroa.

El 27 de marzo de 2023, en el Residencial Raúl Castellón en Caguas, Puerto Rico, la Policía llevó a cabo una operación de vigilancia y arresto relacionada con violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, resultando en el arresto de Joshua González Castro. Durante el procedimiento, un grupo de 7 a 10 hombres interfirió agresivamente, llevando a la policía a utilizar técnicas de control. Kenny Rosario Rodríguez, quien empujó al Sargento Roberto Rodríguez, y Joyce M. Pagán, que mordió a la agente Lesbia López, fueron arrestados. La policía aplicó un barrido de pierna, torceduras de brazo y agarres de pelo. Aunque se reportaron lesiones leves en algunos oficiales, la investigación posterior del Teniente II Rafael Rodríguez determinó que el uso de fuerza fue justificado y adecuado, recomendando capacitación adicional para los agentes involucrados. Este incidente resalta la respuesta de la policía ante la resistencia en una zona de alta criminalidad y la importancia de la rendición de cuentas en el uso de la fuerza.

En un incidente ocurrido el 3 de noviembre de 2023, a la 1:32 AM, en el Callejón Jadoc de Caguas, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza al intentar arrestar a Jadiel Fontanez Flores, de 23 años, quien conducía una motocicleta sin casco y mostró resistencia al arresto. Durante el forcejeo, los agentes involucrados, que pertenecen a la Unidad Motorizada Caguas, emplearon técnicas de control físico, lo que resultó en múltiples laceraciones en el cuerpo de Fontanez. Fue trasladado al Hospital HIMA San Pablo para atención médica. La supervisora del incidente, Sargento Lorna M. Padilla, determinó que el uso de la fuerza fue justificado y proporcional a la resistencia presentada, y el caso fue referido al Comandante de Área para una evaluación adicional, lo que indica un proceso de rendición de cuentas dentro de la Policía.

El 8 de marzo de 2023, en el Barrio Morales de Caguas, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza para arrestar a José Osvaldo de la Vega Dávila, de 24 años, quien intentó evadir la captura durante un patrullaje preventivo. El Agente Hiram Santiago Báez, tras observar que De la Vega parecía poseer sustancias controladas, lo siguió al interior de un colmado y, al resistirse, aplicó técnicas de control físico, incluyendo "manos duras" y esposas. Aunque De la Vega reportó un leve dolor en el hombro, no se encontraron heridas visibles. La investigación posterior, liderada por el Sargento José A. Medina Pérez, concluyó que el uso de fuerza fue justificado y acorde a las políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

El 3 de marzo de 2023, en la Calle Costa Rica de la Barriada Bunker en Caguas, la Policía de Puerto Rico arrestó a Jonathan Casilla Hernández, de 20 años, tras intentar huir de un agente que lo observó manipulando una bolsa de marihuana. Durante el arresto, Casilla mostró resistencia activa al golpear al Agente Roberto Casul Claudio, quien finalmente lo controló mediante una técnica de torcedura de muñeca. Casilla sufrió abrasiones leves, mientras que el agente declinó atención médica por golpes en el abdomen y genitales. Posteriormente, se confirmó la posesión de drogas y se documentaron las evidencias conforme a los protocolos. La investigación, liderada por el Sargento José E. Figueroa Ayala, determinó que el uso de fuerza fue justificado y adecuado, cumpliendo con las políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

El 5 de marzo de 2023, la Policía de Puerto Rico respondió a un llamado de emergencia por un comportamiento agresivo de Wanda I. Berrios Cotto, de 31 años, en el Residencial Vistas del Turabo. Berrios, que estaba causando daños a la caseta de seguridad y amenazando al guardia, mostró resistencia durante su arresto, lo que llevó a los agentes a utilizar técnicas de "manos suaves" para controlar la situación. Aunque el Sargento Johana Sánchez Conde resultó con una contusión en la rodilla, Berrios no sufrió lesiones significativas. La intervención fue considerada justificada y clasificada como "Nivel 1" de uso de fuerza, conforme a las políticas policiales. Posteriormente, se solicitó una orden de detención temporal bajo la Ley 408 de Salud Mental para Berrios, dada su condición psiquiátrica. La revisión del incidente no reveló violaciones a las políticas de la Policía, lo que sugiere un proceso de rendición de cuentas adecuado en este caso.

El 24 de febrero de 2023, a las 05:55 AM, la Policía de Puerto Rico intervino en la Calle Betance número 29 en Caguas con Daisy Walker Díaz, una mujer de 28 años en crisis mental. Los agentes José M. Cruz Martínez y Jorge Rivera González fueron asignados para ejecutar una orden de ingreso involuntario, pero al intentar persuadir a Walker para que aceptara una evaluación médica, ella comenzó a resistirse. En respuesta, los agentes utilizaron técnicas de "manos suaves" y la esposaron para garantizar su seguridad. Walker sufrió lesiones menores y fue transportada al Hospital HIMA San Pablo, donde se le diagnosticó depresión e intento de suicidio. La investigación posterior, liderada por la Sargento Eladis Gómez Medina, concluyó que el uso de la fuerza fue justificado y que no hubo violaciones a las políticas del Negociado de Policía, lo que resalta un mecanismo de rendición de cuentas en la actuación policial.

El 23 de febrero de 2023, a las 19:40, la Policía de Puerto Rico detuvo a José L. Ayala Rodríguez, de 32 años, en la Carretera PR-183 en Caguas, tras una persecución en la que el sospechoso impactó un vehículo oficial y causó lesiones al agente Cecilio Ayala Figueroa. Durante el arresto, Ayala Rodríguez se resistió, lo que llevó a los agentes a usar fuerza física. Como resultado, el detenido sufrió laceraciones en las rodillas y fue encontrado en posesión de una pistola Glock cargada y marihuana. El caso fue evaluado por el sargento José A. Amaro Castro, quien determinó que el uso de fuerza fue justificado según las políticas de la Policía, recomendando la revisión del incidente por la Junta de Revisión de Fuerza. Ayala Rodríguez enfrenta múltiples cargos y una fianza de $10,000 impuesta por la jueza Maritza Nevaez Marcial.

El 12 de febrero de 2023, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza en un incidente ocurrido en la urbanización Vilas de Castro, Caguas, donde un equino en estado crítico fue sacrificado por el agente Julio E. Lebrón Maldonado, tras recibir autorización del veterinario Dr. Carlos Carazo. El equino presentaba severas infecciones de garrapatas, cólicos y se encontraba en condiciones deplorables. Después de evaluar la situación, el agente Lebrón disparó en la cabeza del animal, causándole la muerte inmediata. La investigación posterior, liderada por el sargento Julio Rivera Blonder, concluyó que la acción fue justificada y conforme a las políticas de la Policía y la Ley 154 sobre bienestar animal, siendo validada por el teniente Rafael Rodríguez Otero. No se reportaron lesiones a los agentes, y el manejo del cuerpo del equino fue realizado por la Oficina para Manejo de Emergencias de Caguas.

El 2 de febrero de 2023, en el área de estacionamiento del Condominio Santa Juana en Caguas, la Policía de Puerto Rico utilizó un Taser para arrestar a Jovanne J. Torres Cuadrado, de 20 años, tras un incidente de violencia de género reportado por su pareja, Thalía Flores Martínez. Torres se mostró agresivo y resistió el arresto, lo que llevó a la Agente María Padilla a utilizar el Taser en dos ocasiones, impactando exitosamente en la segunda. Como resultado, Torres sufrió laceraciones en las rodillas y codos, así como una herida en el costado izquierdo, y fue trasladado al Hospital HIMA Ambulatorio para tratamiento. La intervención policial fue evaluada y considerada justificada por el Sargento José Figueroa, quien concluyó que los agentes actuaron de acuerdo a las políticas del Negociado de Policía de Puerto Rico.

El 2 de enero de 2023, la Policía de Puerto Rico, a través de un equipo SWAT liderado por el Sargento Elliot N. García Caraballo, llevó a cabo un allanamiento en la Urbanización Villa Caliz 2 en Caguas, buscando sustancias controladas. Durante la operación, Jorge Obet Guzmán Valdés, de 29 años, cooperó con las instrucciones y fue asegurado sin que se reportaran lesiones ni necesitara atención médica. La fuerza utilizada, clasificada como nivel 3, fue considerada justificada por los supervisores y se ajustó a las políticas del negociado. La investigación del incidente concluyó el 16 de febrero de 2023, documentando el proceso con 47 fotografías y confirmando que no hubo contratiempos significativos.

El 27 de enero de 2023, la Policía de Puerto Rico arrestó a Emanuel Rivera Meléndez en la Calle Rubí de la Urbanización Villa Blanca en Caguas, tras ser denunciado por apropiación ilegal en una tienda Marshalls. Rivera ofreció resistencia, intentando huir en bicicleta, lo que llevó a los oficiales a utilizar técnicas de control conocidas como "manos suaves" para someterlo, sin que se le causaran lesiones graves. Aunque sufrió laceraciones menores en las manos, estas no fueron atribuibles al arresto. El uso de fuerza fue evaluado y considerado justificado por los sargentos involucrados y el teniente a cargo, quienes confirmaron que la intervención cumplió con las políticas policiales. Rivera fue trasladado a la comandancia de Caguas, donde se recuperó la propiedad hurtada y se instruyó la radicación de cargos en su contra.

En un incidente ocurrido en el Cuartel Estatal de Caguas el 22 de enero de 2023, la Policía de Puerto Rico utilizó un dispositivo de control eléctrico (DCE) para someter a Bryan Steven Ruano Riasco, un colombiano de 23 años, tras un comportamiento agresivo y un forcejeo con los agentes. Ruano llegó al cuartel gritando y, al resistirse a su arresto, empujó a uno de los oficiales e intentó huir. A pesar de que el primer uso del DCE fue inefectivo, se aplicó un "drive stun" en su pierna, permitiendo su arresto. Ruano sufrió lesiones menores y fue atendido en el hospital, mientras que los agentes no reportaron daños significativos. La investigación posterior, que involucró a varios oficiales superiores, concluyó que el uso de la fuerza fue justificado y conforme a las políticas del Negociado de la Policía, evidenciando un proceso de rendición de cuentas en la actuación policial.