El 11 de enero de 2015, en el barrio Saltos de San Sebastián, la Policía de Puerto Rico utilizó un dispositivo de control eléctrico (Taser) en un incidente que involucró a Luis A. Delgado Hernández, quien mostró resistencia durante su arresto por violencia doméstica. Los agentes, tras ser agredidos por Delgado, justificaron el uso de la fuerza ante su comportamiento agresivo y su estado de aparente intoxicación. Aunque no se reportaron lesiones en Delgado ni atención médica inmediata, el informe posterior a la investigación consideró el uso del Taser como apropiado, pero criticó la falta de atención médica y la necesidad de reentrenamiento para los oficiales. Se determinó que no se tomarían acciones adicionales contra los agentes, pero se enfatizó la importancia de mejorar los protocolos de atención a los detenidos.

El 2 de julio de 2015, en el barrio Ancones de San Germán, la Policía de Puerto Rico intervino en un incidente en el que Nilsa Rosario Cruz, de 46 años, amenazó a su madre y mostró resistencia al arresto, lo que llevó a los agentes a utilizar fuerza física para controlar la situación. Durante el forcejeo, Nilsa sufrió abrasiones en las rodillas, muñeca y pies, mientras que el Sargento José Carrero Valentín resultó con una laceración en la rodilla y torceduras en las muñecas. La intervención fue evaluada por el Teniente Ángel Rodríguez Vargas, quien determinó que el uso de la fuerza fue justificado debido a la agresividad de Nilsa y la necesidad de proteger a las víctimas. Este incidente se registró conforme a las políticas de la Policía y se tomarán medidas para evaluar futuras capacitaciones para los oficiales involucrados.

En un incidente ocurrido el 12 de septiembre de 2015 a la 1:25 a.m. en San Germán, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza para arrestar a Antonio Francisco Grillo Bracetti, de 33 años, tras recibir un reporte de agresión de Glonmar Santiago Lugo. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima y se dirigieron a la residencia de Grillo, quien mostró resistencia activa durante el arresto. Los oficiales aplicaron técnicas de "manos suaves" para someterlo, sin que se reportaran lesiones en ninguna de las partes involucradas. La intervención fue considerada justificada por los supervisores, quienes evaluaron el caso y confirmaron que se llevó a cabo conforme a las políticas policiales.

El 25 de julio de 2015, a las 5:00 AM, en el Barrio Palmarito, Sector Cabeza de Vaca, la Policía de Puerto Rico respondió a una querella de violencia de género, donde el Agente Nelson R. Rodríguez Barros y su compañero Umar Otem Mosarro intentaron arrestar a Luis S. Pérez Fontanez, de 22 años, quien se resistió y trató de entrar a un vehículo. Durante el arresto, se aplicaron técnicas de control que incluyeron el uso de múltiples esposas. A pesar de la resistencia, Pérez Fontanez no sufrió lesiones y no se reportó que recibiera atención médica. El supervisor del incidente, Sato. Jorge E. Torres Varquez, evaluó las acciones de los agentes y determinó que el uso de fuerza fue justificado y conforme a las políticas de la Policía, sin recomendar acciones disciplinarias contra ellos. El caso fue referido a la División de Incidentes de Uso de Fuerza.

El 3 de enero de 2016, a las 6:19 a.m., Antonio R. Martínez Pomales, de 40 años, sufrió un accidente automovilístico en el Barrio Camarones de Guaynabo, donde perdió el control de su Toyota Corolla y chocó contra un objeto fijo. Al llegar la policía, Martínez Pomales mostró un comportamiento agresivo y resistió a las instrucciones, lo que llevó a los agentes a utilizar técnicas de "manos duras" para someterlo. A pesar de ser trasladado al hospital, fue declarado muerto a su llegada, con la causa de muerte atribuida a las lesiones del accidente, no al uso de la fuerza. La Sargento María S. Rivera Núñez investigó el incidente y concluyó que la intervención policial fue justificada y dentro de las directrices de la Policía de Puerto Rico, sin que se registraran lesiones a los oficiales.

El 2 de octubre de 2020, en Fajardo, Puerto Rico, se produjo un incidente donde agentes de la Policía, durante un patrullaje, dispararon en respuesta a un hombre que apuntó con un arma de fuego. El Agente Carlos L. Ortiz Burgos disparó dos veces desde la patrulla después de que el sospechoso, tras abandonar un vehículo robado, amenazara a los policías. A pesar del uso de la fuerza, el sospechoso logró escapar y no se reportaron heridos. Un supervisor policial determinó que el uso de fuerza fue justificado según las políticas del Negociado de Policía. No se registró evidencia audiovisual del incidente y tampoco hubo arrestos.

El 9 de diciembre de 2023, a las 23:30 horas, la Policía de Puerto Rico intervino en un incidente en la Carretera 128, cerca de Yauco Plaza 1, donde Aníbal José Cruz Sánchez, un joven de 18 años residente de Guanica, sufrió lesiones tras caer de su motocicleta. Durante la caída, se le cayó un arma de fuego que portaba, lo que llevó a los agentes a desenfundar sus armas y ordenarle que no tocara el arma. A pesar de las advertencias, Cruz intentó recogerla y se la entregó a otro motociclista que se marchó del lugar. Los agentes, tras evaluar la situación, determinaron que el uso de la fuerza había sido justificado y documentaron el incidente adecuadamente. Cruz fue arrestado por no tener licencia para portar el arma y la fiscalía presentó cargos bajo la Ley de Armas y la Ley de Vehículos, fijando una fianza de $1,500. Las lesiones de Cruz fueron resultado de su caída y no de la intervención policial, la cual fue supervisada y considerada apropiada por el sargento a cargo.

El 17 de noviembre de 2023, en el Barrio Pueblo de Rincón, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza para arrestar a Glenn Rodríguez Ramos, de 43 años, tras recibir una llamada de auxilio de Raymond Álvarez, quien había sido amenazado de muerte con un arma de fuego. Al intentar arrestarlo, Rodríguez resistió activamente, lo que llevó a los oficiales a emplear técnicas de control físico, como torceduras de antebrazos y muñecas, para someterlo. A pesar de su resistencia, el arresto fue exitoso y se le leyeron sus derechos, aunque se negó a firmar. No se reportaron lesiones visibles en Rodríguez, mientras que dos oficiales sufrieron lesiones menores. Una revisión del incidente por parte del Teniente José I. Pérez Nieves determinó que el uso de la fuerza fue justificado y conforme a las políticas del Negociado de Policía, asegurando que se respetaron los derechos del arrestado durante el proceso.

El 8 de octubre de 2023, a las 23:38 horas, la Policía de Puerto Rico intervino en un accidente en San Lorenzo, donde un vehículo impactó a un equino, causándole graves lesiones. Tras consultar con un veterinario, se autorizó un "tiro de gracia" para aliviar el sufrimiento del animal, acción que fue realizada por el agente Néstor E. Roldán Rodríguez bajo supervisión. La intervención fue evaluada y considerada justificada por el teniente Eduardo Casillas, quien confirmó que se siguieron los protocolos establecidos. Aunque el conductor del vehículo, Jatxel Denniel Pedraza Cruz, también sufrió lesiones, no se reportó atención médica ni arresto. El informe destaca la importancia de la capacitación policial en el manejo de situaciones con animales heridos y garantiza que se llevarán a cabo las investigaciones necesarias para rendir cuentas sobre el uso de la fuerza.

El 28 de septiembre de 2023, en el Barrio San José de Toa Baja, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza para eutanizar a un caballo gravemente herido tras un accidente de auto. A las 8:10 AM, el Sargento José Pérez Montalvo, bajo la supervisión del veterinario José Trujillo, disparó al animal para poner fin a su sufrimiento, luego de que un primer disparo resultara ineficaz. La acción fue considerada justificada por el Teniente Edward Cuevas Varela tras una revisión del incidente, y no se reportaron lesiones entre los oficiales. Los procedimientos fueron documentados y cumplían con las políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, lo que indica que la fuerza fue utilizada de manera adecuada y responsable.

El 19 de septiembre de 2023, en el Barrio Robles, Sector La Sierra de Aibonito, Puerto Rico, un accidente vehicular involucró a un equino sin jinete que fue severamente herido tras ser impactado por dos vehículos. Ante la gravedad de las lesiones del animal, el Agente José A. Rodríguez Carattini, coordinador de la Ley 154 para el bienestar y protección de los animales, tomó la decisión de realizar un disparo compasivo con su pistola Sig Sauer, modelo P320, calibre 9mm, luego de consultar con un veterinario. La acción fue documentada y se concluyó que el uso de la fuerza fue justificado, cumpliendo con las políticas del Negociado de Policía de Puerto Rico y la legislación vigente, garantizando así la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo del incidente. La investigación fue supervisada por el Sargento Orlando Ortiz Miranda y se registraron las declaraciones de los testigos involucrados, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

En un incidente ocurrido en la madrugada del 19 de agosto de 2023, en el Barrio Cuyón de Coamo, la Policía de Puerto Rico utilizó su arma de fuego para poner fin al sufrimiento de un equino gravemente herido tras un accidente automovilístico. El Agente José A. Rodríguez Caratini, tras consultar con una veterinaria, disparó al animal para autorizar un "tiro de gracia" debido a sus severas lesiones. La acción fue documentada y supervisada por otros agentes, quienes concluyeron que el uso de fuerza fue justificado y necesario, conforme a las políticas del Negociado de la Policía. No se reportaron lesiones entre los agentes involucrados, y la documentación del caso incluyó la recolección de evidencia fotográfica y del casquillo de la munición utilizada.

El 18 de agosto de 2023, en el Barrio Cedro Abajo de Naranjito, la Policía de Puerto Rico llevó a cabo un arresto tras recibir una querella de amenazas. Andros Javier Soto Beltrán, de 28 años, mostró un comportamiento agresivo y desafiante al ser abordado por los agentes, quienes intentaron dialogar sin éxito. Debido a su resistencia, fue arrestado por obstrucción a la justicia y amenazas de muerte, durante lo cual se utilizó un agarre en el hombro y una torcedura en el brazo para someterlo. Se le confiscó una pistola Glock, aunque no presentó licencia en el momento. No se reportaron lesiones ni en el arrestado ni en los oficiales, y el uso de la fuerza fue evaluado como proporcional y dentro de las políticas del Negociado de Policía, según determinó el Teniente II Edwin Avilés Cruz tras revisar el incidente.

El 17 de agosto de 2023, en el Barrio Río Jueyes de Coamo, un incidente de uso de fuerza por parte de la Policía de Puerto Rico involucró al Agente José A. Rodríguez Carattini, quien, tras recibir un reporte sobre un equino en estado crítico, decidió llevar a cabo un "tiro compasivo" autorizado por un veterinario. Al llegar al lugar, el agente constató que el animal no presentaba lesiones externas, pero el veterinario indicó que su condición era insostenible. A las 15:45 horas, el agente utilizó su arma de reglamento, resultando en la muerte inmediata del equino. La acción fue clasificada como un uso de fuerza de Nivel 1, y tras una evaluación por supervisores, se determinó que el procedimiento fue justificado y conforme a las políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico. No se reportaron lesiones al personal involucrado y se realizaron las documentaciones pertinentes sobre el incidente.

El 2 de agosto de 2023, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza letal en un equino herido en Vega Baja, tras recibir una llamada anónima sobre su estado crítico. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al animal, que sangraba y presentaba múltiples heridas. Bajo la autorización del veterinario Dr. José Trujillo, el agente Pablo J. Rodríguez disparó al equino para administrarle un "tiro de gracia" a las 08:07 AM, causando su muerte instantánea. La investigación posterior, liderada por el sargento Arnaldo Rosario, determinó que el uso de fuerza fue justificado y conforme a la política del Negociado de la Policía, sin reportes de lesiones a los oficiales. Este incidente resalta la aplicación de procedimientos establecidos en casos de maltrato animal, y se documentaron adecuadamente las acciones llevadas a cabo por los agentes.