El 15 de noviembre de 2016, en el barrio Piedras Blancas de Aguadilla, la Policía de Puerto Rico intervino con Joshua Logan Aler, un joven de 21 años en estado mental agresivo tras una sobredosis. A pesar de intentar persuadirlo para recibir atención médica, Joshua mostró resistencia activa, lo que llevó a un forcejeo en el que los oficiales utilizaron técnicas de control físico, incluyendo esposas y restricción de piernas. Como resultado, tanto Joshua como algunos oficiales sufrieron lesiones menores. La intervención fue revisada por el Intendente Orlando López Pérez, quien determinó que el uso de la fuerza fue justificado, destacando la necesidad de garantizar la seguridad del individuo y del personal involucrado en la situación. Este incidente resalta la importancia de manejar adecuadamente las crisis de salud mental según los protocolos establecidos por la Policía de Puerto Rico.

En un incidente ocurrido el 11 de septiembre de 2016 en el negocio "La Tamborita" en el Barrio Juan del Río, Lajas, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza contra Roberto Vargas Rodríguez, de 48 años, tras recibir una llamada sobre un posible caso de violencia doméstica. Vargas, quien presentaba signos de embriaguez y mostró resistencia activa durante su arresto, fue sometido mediante técnicas de control físico y un dispositivo Taser por el Agente José C. Martínez. Como resultado, Vargas sufrió lesiones como laceraciones y un hematoma, mientras que el agente también reportó heridas. La investigación posterior, liderada por el Sargento Ernesto Medina, concluyó que el uso de fuerza fue justificado y conforme a las políticas policiales, lo que resalta la necesidad de respuestas adecuadas en situaciones complejas de violencia.

El 27 de octubre de 2016, a las 5:20 a.m., la Policía de Puerto Rico intervino en un incidente en la carretera 385, frente a Plaza Peñuelas, donde un equino presentaba una fractura abierta en la pata posterior derecha, imposibilitándolo para mantenerse en pie. El Agente Pablo De Jesús Borrero realizó un tiro compasivo, utilizando su arma de reglamento, tras la evaluación y autorización del veterinario Dr. Osmar Rivera. La acción se enmarcó dentro de la Ley 154 de Protección y Bienestar para el Maltrato de Animales y fue clasificada como uso de fuerza de Nivel 1, justificada por las autoridades policiales, sin que se reportaran lesiones a los agentes. Las evaluaciones del Teniente II Herminio Burgos Febus y del Director del Precinto, Pedro J. Jores de Jesús, confirmaron la adecuación del procedimiento, determinando que no eran necesarias investigaciones adicionales ni acciones disciplinarias.

El 16 de octubre de 2016, en Corozal, Puerto Rico, la policía utilizó un dispositivo de control eléctrico para arrestar a Jose A. Rodriguez, de 24 años, quien se resistía después de ser señalado en un caso de violencia doméstica. La intervención de los agentes Omer Otero y Edwin Luna se produjo tras recibir un llamado de ayuda de Johannie Padilla Díaz, víctima en esta situación. Rodriguez sufrió laceraciones en la piel y fue atendido médicamente, pero no hubo lesiones entre los agentes. La supervisión del incidente fue realizada por el supervisor José A. Marcano Díaz, quien evaluó y justificó el uso de la fuerza, indicando que se actuó conforme a las políticas de la Policía de Puerto Rico. El evento fue documentado para futuras referencias, asegurando una rendición de cuentas sobre la actuación policial.

El 16 de septiembre de 2016, en el barrio Veguita Zama de Jayuya, la Policía de Puerto Rico arrestó a Gregg Anthony Medina, de 18 años, tras un intento de arresto que se tornó agresivo. Medina, quien estaba involucrado en una transacción de drogas, se resistió activamente y gritó que no sería detenido. Los oficiales utilizaron "manos duras" para controlar la situación, logrando esposarlo sin que se reportaran lesiones en ninguna de las partes involucradas. La evaluación del uso de fuerza fue considerada justificada por varios supervisores, quienes concluyeron que los agentes actuaron conforme a las normativas de la policía, recomendando no tomar acción disciplinaria. Este incidente resalta la respuesta de la policía ante la resistencia de un sospechoso y su proceso de rendición de cuentas interno.

El 18 de junio de 2016, en la Bda. Pasarell de Comerío, la Policía de Puerto Rico intervino con Angel M. Morales Ortega, un hombre de 55 años detenido por agresión agravada, quien comenzó a autolesionarse en su celda. Ante la situación, el Agente Roberto Morales González utilizó un taser para detener su conducta, impactándolo en el antebrazo derecho y el abdomen, lo que resultó en lesiones del detenido, pero sin daños a los oficiales. Después de recibir atención médica, se determinó que el uso de fuerza fue justificado y proporcional a la resistencia del detenido, cumpliendo con las políticas de la PPR. La acción fue evaluada y no se recomendó una investigación adicional, confirmando que la policía rinde cuentas en estos casos.

El 6 de marzo de 2016, a las 5:00 p.m., en Bo. Palomas, Comerío, la Policía de Puerto Rico respondió a un incidente de violencia doméstica donde Emanuel Berrios Soto, de 31 años, se autolesionó con una cuchilla y amenazó con suicidarse. A pesar de que su pareja no quiso presentar cargos, los agentes Carlos M. Santos y William Rivera intentaron desarmarlo verbalmente. Ante su comportamiento agresivo, el agente Santos utilizó un taser, lo que resultó en una herida en la espalda de Berrios. Este fue arrestado y transportado al Hospital Menonita de Comerío para recibir atención médica. La evaluación del uso de la fuerza fue considerada justificada y adecuada, conforme a las políticas de la Policía, y no se requirió una revisión administrativa adicional.

El 26 de abril de 2016, la Policía de Puerto Rico intervino en un robo en curso en Bo. Garzas, Adjuntas, donde encontró a Héctor Folch Miranda, de 43 años, rodeado de ropa robada y con un cuchillo a su lado. Al intentar arrestarlo, Folch se volvió agresivo, lo que llevó al Agente David Jiménez a usar un Taser tras advertirle sobre su uso. Como resultado, Folch sufrió lesiones mínimas y fue arrestado, enfrentando cargos por escalamiento y posesión de propiedad robada. Una investigación posterior realizada por el Capitán Oscar R. Ortiz concluyó que el uso de la fuerza fue justificado y acorde con las políticas policiales, sin que se formularan quejas sobre la actuación de los agentes. Folch fue ingresado en la cárcel Las Cucharas en Ponce tras no poder pagar la fianza de $50,000.

El 19 de abril de 2016, en el barrio Anones de Naranjito, la Policía de Puerto Rico utilizó un dispositivo de control eléctrico (Taser) en el arresto de Ledys A. Díaz Díaz, de 58 años, tras ser denunciado por vandalismo y amenazar con un machete. Los oficiales Carlos Cotto y William Palomino Luna respondieron a la alerta de un ciudadano que reportó que Díaz estaba causando daños a un buzón de correo y se mostró agresivo al ser confrontado. A pesar de las órdenes de soltar el machete, Díaz resistió, lo que llevó al uso del Taser en dos ocasiones, resultando en lesiones menores para él y un hematoma para el oficial. Tras la evaluación del incidente, se determinó que el uso de la fuerza fue justificado, y Díaz fue encarcelado tras no poder pagar una fianza de $130,000. Se programó una vista preliminar para el 9 de mayo de 2016.

El 30 de agosto de 2015, a las 8:37 a.m., la Policía de Puerto Rico respondió a una llamada sobre un disparo en el Barrio Ángeles, Utuado, donde encontraron al Sargento Jeremías Vázquez Irizarry, de 45 años, con un disparo en la boca y sin signos vitales, lo que sugiere un posible suicidio. En la escena, se recuperó su pistola de reglamento y un vehículo Toyota Corolla. El Teniente II Dennis Avilés Aquino, supervisor en la escena, determinó que el uso de fuerza fue justificado según las políticas de la Policía. La investigación preliminar fue dirigida por el Agente Luis O. Vega, con la intervención del Fiscal Vidal Vélez, quien ordenó el levantamiento del cadáver para su análisis en el Instituto de Ciencias Forenses. Este incidente resalta la importancia de la rendición de cuentas en el uso de fuerza policial, aunque no se especificaron detalles sobre la dinámica de la intervención antes del disparo.

El 21 de marzo de 2015, en el barrio Guayabal de Juana Díaz, la Policía de Puerto Rico realizó un "tiro compasivo" a un caballo adulto herido en la pata delantera izquierda, siguiendo el consejo de un veterinario. El Sargento Ramón A. Pagán González disparó una vez con su arma reglamentaria, resultando en la muerte del animal, lo que fue evaluado como un uso de fuerza justificado por el Sargento Héctor Santini Ortiz, quien confirmó que no era necesaria más investigación ni acción disciplinaria. No se reportaron lesiones entre los oficiales presentes, y el procedimiento se llevó a cabo conforme a las regulaciones sobre el bienestar animal. Varios testigos estuvieron presentes durante el incidente, lo que asegura un nivel de rendición de cuentas en la actuación policial.

El 18 de marzo de 2015, a las 5:30 p.m., la Policía de Puerto Rico utilizó un taser en un incidente ocurrido en el Barrio Caricaboa, Jayuya, durante un intento de arresto a Luis Daniel Soto Rivera, quien admitió haber estado fumando marihuana. El Sargento Héctor Rivera Montalvo detuvo un vehículo por violaciones de tránsito y, al intentar arrestar a Soto, este se tornó agresivo, empujando la puerta del auto y desobedeciendo las órdenes. Aunque el Agente Saul Pérez Pabón utilizó un taser, Soto logró escapar sin sufrir lesiones. Posteriores evaluaciones determinaron que el uso de la fuerza fue razonable y acorde con las políticas policiales, sin que se recomendaran acciones contra los oficiales involucrados.

En un incidente ocurrido el 15 de marzo de 2015 en la intersección de la Avenida Muñoz Rivera y Calle Olimpo en San Juan, agentes de la Policía de Puerto Rico, liderados por el Agente Juan A. Velez Ramos, utilizaron fuerza armada en respuesta a un ataque de disparos desde un vehículo Toyota RAV4 blanco. Durante el intercambio de disparos, el Agente José Santiago Pacheco resultó con lesiones menores, mientras que los ocupantes del vehículo agresor lograron escapar sin sufrir heridas. Un sargento supervisor determinó que la acción de los agentes fue proporcional a la amenaza y que actuaron dentro de los parámetros legales establecidos, concluyendo que no era necesaria ninguna acción adicional contra ellos. Este incidente resalta la aplicación de la fuerza por parte de la policía en situaciones de amenaza, así como el proceso de supervisión que asegura la rendición de cuentas en su uso.

El 5 de febrero de 2015, a las 10:30 PM, la Policía de Puerto Rico llevó a cabo un incidente en el Barrio Quebrada, Camuy, donde un equino hembra, gravemente herido tras un accidente vehicular, fue sometido a eutanasia. El Sargento Santiago Juarbe, tras evaluar la situación y siguiendo el protocolo de la Ley 154, contactó al veterinario Dr. Héctor Pérez, quien autorizó la eutanasia, la cual fue realizada por el Agente Joel Vidot Soto con su arma reglamentaria. La acción fue clasificada como un uso de fuerza de Nivel 1 y fue considerada justificada, ya que se actuó dentro de los parámetros legales establecidos. No se reportaron lesiones al agente y no se tomarán acciones adicionales contra el personal involucrado, lo que indica que la policía cumplió con los procedimientos necesarios para rendir cuentas en este tipo de situaciones.

El 12 de septiembre de 2014, la Policía de Puerto Rico respondió a un reporte de violencia doméstica en Bo. Hato Viejo Cumbre, Ciales, donde se produjo un altercado entre Carlos A. Santos Marrero y Nileshka Rodríguez. Durante el intento de arresto de Nileshka, Carlos se mostró agresivo y agredió al Agte. Héctor Santiago, quien, junto al Sgto. José R. Rodríguez, utilizó un batón para controlar la situación, resultando en lesiones para ambos: Carlos sufrió una herida abierta en la frente y laceraciones en la pierna, mientras que Santiago recibió laceraciones en la cara y brazo. A pesar de la intervención médica para Carlos, el caso fue archivado por falta de interés. Una investigación interna concluyó que el uso de la fuerza fue necesario y proporcional, y se determinó que los oficiales actuaron conforme a las directrices, sin que se tomaran acciones adicionales en su contra.