El 19 de septiembre de 2019, en el barrio Helechal de Barranquitas, la Policía de Puerto Rico llevó a cabo un arresto que resultó en el uso de la fuerza contra John E. Torres Falcón, un hombre de 26 años con varias órdenes de arresto. Durante el intento de arresto, Torres mostró resistencia, agrediendo a los oficiales y tratando de escapar. En respuesta, se utilizaron técnicas de barrido y dispositivos de control eléctrico para someterlo, lo que resultó en varias lesiones para él, así como una fractura en el dedo de uno de los agentes. La investigación posterior, supervisada por el Inspector Carlos M. Otero Rivas, concluyó que el uso de fuerza fue justificado y dentro de las políticas de la policía, recomendando que no se realizara una investigación administrativa adicional. Este incidente resalta la responsabilidad de la policía en el uso de la fuerza y su capacidad para rendir cuentas internamente.

El 25 de agosto de 2019, en el Barrio Sabana Grande de Utuado, la Policía de Puerto Rico, bajo la supervisión del Sargento Oscar E. Varela Negrón, llevó a cabo la eutanasia de un equino herido, tras recibir autorización del veterinario Dr. Osmar Rivera. El animal, que presentaba una herida abierta en la pata delantera izquierda, fue sometido a un tiro de gracia por el Agente Aguedo L. Avilés Rivera, resultando en su muerte inmediata. Tras evaluar el incidente, los supervisores determinaron que el uso de fuerza fue justificado y conforme a las normativas del Negociado de Policía, sin necesidad de una investigación adicional. El procedimiento fue documentado adecuadamente, asegurando así la rendición de cuentas de la actuación policial.

El 15 de julio de 2019, la Policía de Puerto Rico intervino en el barrio Real Anón de Ponce tras un reporte de un equino gravemente herido en un accidente de tránsito. En respuesta, el Agente José Borrero consultó con un veterinario, quien autorizó un tiro compasivo para aliviar el sufrimiento del animal. El Sargento Francis Álvarez ejecutó el disparo con una pistola Glock, el cual resultó en la muerte instantánea del equino. Las evaluaciones posteriores por el Teniente Carlos Cancel y el Capitán Moisés L. Colón confirmaron que el uso de fuerza fue justificado y conforme a las políticas de la Policía, específicamente bajo la Ley 154 para la protección de los animales. No se reportaron lesiones a los agentes involucrados en el incidente.

El 7 de junio de 2019, a las 11:38 PM, en el Barrio Pina Abajo de Comerio, la Policía de Puerto Rico utilizó un dispositivo de control eléctrico (DCE) en tres ocasiones para someter a Kennmiel Rivera Díaz, de 19 años, tras su intento de fuga del cuartel, donde había sido arrestado anteriormente junto a otro individuo por posesión de un rifle AK47 y droga. Durante la intervención, el agente José R. Rivera Colón sufrió lesiones al caer mientras intentaba detenerlo. Las evaluaciones del Sargento Roberto Rolón Merced y el Teniente Jule Föarel Martiner Rovera determinaron que el uso de la fuerza fue justificado y conforme a las políticas policiales, recomendando no realizar investigaciones administrativas adicionales. Kennmiel fue atendido en el Hospital Menonita de Comerio y dado de alta con heridas superficiales.

El 11 de mayo de 2019, a la 1:15 AM, en el negocio La Tamborita en Lajas, la Policía de Puerto Rico realizó una intervención para verificar permisos, donde se produjo un incidente con Jarwin Morales Rodríguez, de 28 años, quien mostró resistencia activa y agresiva, lanzando golpes y patadas. Ante su comportamiento, los agentes utilizaron un Dispositivo de Control Electrónico (Taser) y una técnica de "drive stun" para someterlo, resultando en lesiones que requirieron atención médica. La investigación posterior, liderada por el Sargento Ernesto Medina, determinó que el uso de la fuerza por parte de los agentes fue justificado, aunque se identificaron fallas en la documentación de las lesiones por parte del Agente Vélez, quien recibió recomendaciones de adiestramiento adicional.

El 1 de febrero de 2019, a las 7:55 PM, en el barrio Pueblo de Camuy, un agente de la Policía de Puerto Rico, Joel Vidot Soto, llevó a cabo una eutanasia justificada de un equino hembra en condiciones críticas, utilizando un "Tiro de Gracia" con su arma de reglamento, una pistola Glock 22. La acción se realizó tras recibir una llamada de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y con la autorización del veterinario, Dr. Osmar Rivera. La investigación posterior, supervisada por el Sargento Wilfredo J. Caro Vendrell y respaldada por el Teniente Alexis M. Soberal Serrano, concluyó que el uso de la fuerza fue adecuado y conforme a la Ley 154, sin lesiones reportadas a personas involucradas en el incidente.

El 2 de enero de 2019, a la 1:20 a.m., la Policía de Puerto Rico respondió a un informe sobre actividad sospechosa en el Complejo Recreativo Guarionex, en el barrio Juan González, Adjuntas, donde encontraron a Edwin M. Guzmán Torres, de 24 años, quien se mostraba incoherente y trató de huir. Ante su resistencia, el Sargento Herman Irizarry Sáez ordenó el uso de un Dispositivo de Control Eléctrico (DCE) en modo "Drive Stun", lo que resultó en la caída de Guzmán, quien sufrió pequeñas abrasiones pero no requirió tratamiento médico adicional. El Teniente Il William Ortíz Camacho evaluó el uso de fuerza y determinó que fue proporcional y justificado, no recomendando acciones contra los oficiales involucrados. Guzmán fue arrestado y se le encontró en posesión de marihuana, lo que llevó a la conclusión de que la intervención policial se ajustó a los protocolos establecidos.

El 14 de agosto de 2018, en el Barrio San Antonio de Quebradillas, la Policía de Puerto Rico arrestó a Orlando Rodríguez Román, de 36 años, tras un intento de evasión y resistencia a la autoridad. Durante la detención, Rodríguez impactó al agente José Vázquez Cabrera con su vehículo y, al ser arrestado, mostró agresividad, lo que llevó al Sargento Alex F. Santiago a utilizar la técnica de "manos duras" para someterlo, golpeándolo en varias ocasiones. Tanto Rodríguez como los agentes involucrados sufrieron lesiones, aunque ninguna grave. Posteriormente, el teniente José M. Nieves evaluó el uso de la fuerza y determinó que fue justificado, concluyendo que no era necesaria una investigación adicional ni adiestramiento. Rodríguez fue acusado de varios delitos y no pudo prestar la fianza de $55,000, siendo ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.

En un incidente ocurrido el 5 de mayo de 2018, a las 2:40 A.M., en el barrio Anton Ruiz de Humacao, la Policía de Puerto Rico utilizó un dispositivo de control eléctrico (DCE) en respuesta a un comportamiento agresivo de Pablo Flores Hernández, un hombre de 29 años con problemas de salud mental. Tras recibir una llamada sobre un posible caso de violencia doméstica, los agentes Ernic Díaz y Alvin Rivera intentaron calmar a Flores, quien había salido de su casa, pero al no responder y agredir a uno de los oficiales, se optó por el uso del DCE. A pesar de que el dispositivo fue aplicado varias veces, Flores continuó resistiéndose hasta que finalmente fue arrestado. Luego del incidente, se determinó que el uso de la fuerza fue justificado, conforme a las políticas de la Policía, y Flores fue trasladado al hospital para recibir atención médica por las lesiones sufridas. Este caso resalta la rendición de cuentas de la policía en el manejo de situaciones que involucran el uso de la fuerza.

El 13 de abril de 2018, a las 5:00 PM, la Policía de Puerto Rico intervino en un incidente en la carretera 111, Km 0.8, en Aguadilla, donde la Agente Grisela Serrano Cabrero disparó un "tiro de gracia" a un toro gravemente herido tras consultar con un veterinario. El animal, que presentaba laceraciones y fracturas en sus patas traseras, no pudo ser tratado y fue sacrificado en el lugar. La acción fue evaluada por la Capt. Elizabeth Acevedo Rivera, quien determinó que el uso de la fuerza fue justificado bajo la Ley 154 de 2002 y las políticas de la PPR, clasificándolo como nivel 1, relacionado con el bienestar animal. No se reportaron lesiones al personal policial y el toro fue enterrado posteriormente en terrenos de la Autoridad de Carreteras.

El 13 de diciembre de 2017, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza física en un incidente ocurrido en el Barrio Bo Guamá, San Germán, cuando intentaron arrestar a Madeline Carrero González, de 33 años, en relación con una investigación de maltrato infantil. Tras mostrar una actitud hostil y tratar de llevarse a su hija, Carrero agredió a la Sargento Melizet Acarón, lo que llevó a los oficiales a someterla utilizando fuerza. Ambos, Carrero y la Sargento Acarón, sufrieron lesiones y fueron transportados al hospital. Las investigaciones subsecuentes, lideradas por el Intendente Wilfredo Pérez, concluyeron que el uso de fuerza fue justificado y dentro de las políticas de la policía, aunque se recomendó adiestramiento adicional para algunos oficiales. Este caso subraya la complejidad de las intervenciones policiales en situaciones de violencia doméstica y bienestar infantil.

El 14 de noviembre de 2017, a las 8:40 a.m., la Policía de Puerto Rico intervino en un incidente en la carretera 638, kilómetro 0.5, en Domingo Ruiz, Arecibo, donde se encontró un equino herido, sin dueño conocido, con una pata rota y una herida abierta. Tras evaluar la situación, el Sargento Ivis Cancela solicitó la autorización del Doctor Osmar Rivera para realizar la eutanasia del animal debido a su sufrimiento. El Agente Joel Vidot Soto ejecutó el procedimiento mediante un tiro de gracia a las 8:55 a.m. La acción fue evaluada como justificada por el Sargento Juan R. Mora y el Teniente Antonio Aguilar, quienes confirmaron que cumplió con las políticas de la PPR y la Ley 154-2008 sobre el tratamiento de animales heridos. No se recomendaron medidas disciplinarias y no hubo lesiones entre los agentes involucrados.

El 2 de noviembre de 2017, en la Carretera 369 del Barrio Cerro Gordo en Sabana Grande, la Policía de Puerto Rico llevó a cabo un procedimiento de eutanasia autorizado por una veterinaria, tras recibir un reporte sobre un equino en estado crítico. El Agente José Flores Soto utilizó su arma de fuego para realizar un "Tiro de Gracia", lo que resultó en la muerte del animal, cumpliendo así con la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales. La acción fue supervisada por el Sargento Ricardo Villalobos y posteriormente revisada por el Capitán Zoraida Matías, quienes confirmaron que el uso de fuerza fue justificado y no se recomendó ninguna investigación adicional. Este incidente destaca la rendición de cuentas de la policía en el manejo de situaciones que involucran el uso de fuerza, en este caso, para garantizar el bienestar animal.

El 29 de julio de 2017, en el estacionamiento del garaje PUMA en Carolina, un incidente de uso de fuerza por parte de un agente de la Policía de Puerto Rico resultó en un disparo a Anewki Cross Rojas, un hombre dominicano de 25 años que había mostrado un comportamiento agresivo. El agente Nieves Pérez Ortiz, quien se encontraba fuera de servicio, intentó intervenir en una discusión y fue atacado por Anewki, quien supuestamente amenazó con un arma. El agente disparó, impactando a Anewki en el pómulo izquierdo, lo que requirió atención médica. Tras la evaluación del incidente, el sargento Néstor Maldonado determinó que el uso de fuerza fue justificado, aunque recomendó adiestramiento adicional para el agente. Además, el caso fue remitido al Negociado de Investigaciones Especiales para una revisión de posibles aspectos criminales.

El 9 de abril de 2017, un incidente en Yauco, Puerto Rico, involucró el uso de fuerza por parte de la Policía de Puerto Rico, específicamente el tiro compasivo a un equino en estado crítico y deshidratado. El Agente Pablo De Jesús Borrero, tras la evaluación y autorización del veterinario Dr. Osmar Rivera, disparó con su arma reglamentaria, una Glock .40, para finalizar el sufrimiento del animal. La acción fue clasificada como un uso de fuerza de Nivel 1 y se consideró justificada, respaldada por las conclusiones del Sargento Rubén Díaz Figueroa y el Teniente Herminio Burgos Febus. No se reportaron lesiones a personas involucradas, y el procedimiento se llevó a cabo conforme a las políticas de la PPR y la Ley 154 de Protección y Bienestar de Animales, lo que sugiere que la policía rindió cuentas adecuadamente por su acción.