El 9 de marzo de 2021, en el Barrio Ángeles de Utuado, la Policía de Puerto Rico respondió a una llamada de emergencia sobre Olga Aime Sotomayor Mendez, una mujer de 31 años que se encontraba en un estado de agresividad, armada con dos cuchillos. Tras 15 minutos de intentos de negociación fallidos, se decidió usar un Taser para neutralizar a Olga, quien fue impactada en el pómulo y el pecho. A pesar de las circunstancias, no se reportaron lesiones en los oficiales. Después del incidente, los supervisores evaluaron la situación y determinaron que el uso de la fuerza fue justificado, tomando en cuenta el historial mental de la involucrada. Olga fue transportada al centro médico para recibir atención, y el proceso de rendición de cuentas se llevó a cabo de acuerdo con la política del Negociado de la Policía.

El 9 de marzo de 2021, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza letal en Cabo Rojo, específicamente en la carretera 300, para realizar la eutanasia de un equino gravemente herido tras un accidente de tráfico. El agente Roxana Lorenzo García administró un tiro de gracia con su arma de reglamento, una pistola Sig Sauer de 9mm, bajo la autorización de un veterinario que evaluó al animal. La decisión se tomó para evitar un sufrimiento innecesario, ya que el equino presentaba fracturas severas en las patas frontales y no se logró localizar a su propietario. La acción fue investigada y considerada justificada por varios oficiales, incluyendo al teniente Erick Vélez Montalvo, cumpliendo así con las normativas de la Policía y la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales. No se reportaron lesiones a los oficiales ni se consideró necesario tratamiento médico adicional para el animal.

En un incidente ocurrido el 5 de marzo de 2021, a las 2:30 AM, en el Walmart de Plaza Isabela, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza para arrestar a Saul Caban Hernández, un hombre de 60 años que estaba causando daños a la propiedad y se volvió agresivo al ser abordado por los agentes. Caban, quien rompió un ventilador y un escuridor de agua, amenazó con un palo y se resistió al arresto, lo que llevó a los oficiales a emplear técnicas de "manos suaves" para controlarlo y esposarlo. Aunque no se reportaron lesiones significativas, Caban fue posteriormente trasladado al Hospital CIMA debido a que se quejó de no sentirse bien. Tras la revisión del incidente, tanto la teniente Ingrid Cintrón como el director del precinto, Edgar Savelot, concluyeron que el uso de la fuerza fue justificado y proporcional, y se presentaron cargos contra Caban por daños a la propiedad y obstrucción a la justicia, con una cita para el tribunal programada para el 16 de marzo de 2021.

El 28 de febrero de 2021, a las 19:57, la Policía de Puerto Rico llevó a cabo un incidente de uso de fuerza en el barrio Machuchal, Sabana Grande, con la eutanasia de un equino en condiciones graves de salud. La Agente Roxana Lorenzo García, tras consultar con la veterinaria Dra. Naomi Bobe, utilizó un arma de fuego Sig Sauer, calibre 9mm, para realizar un "tiro de gracia" al animal, considerado la opción más humanitaria. Tanto el Teniente Pablo R. Plugez Alvarado, supervisor del incidente, como el Teniente Miguel Vazquez, quien observó el procedimiento, determinaron que la acción fue justificada y se llevó a cabo conforme a las políticas de la Policía. El informe documenta que no hubo lesiones a los agentes y asegura que se cumplió con los protocolos establecidos, demostrando así un nivel de rendición de cuentas en el uso de fuerza por parte de la Policía.

El 1 de enero de 2021, un incidente en Río Grande, Puerto Rico, involucró el uso de fuerza por parte del Agente Oscar Morales Laboy, quien practicó la eutanasia de un equino gravemente herido tras un accidente vehicular. A las 08:41 AM, el veterinario Dr. José Armando Cruz Rivera evaluó al animal y recomendó la eutanasia debido a sus fracturas críticas. Morales Laboy utilizó su arma de reglamento, una pistola Sig Sauer 9 mm, para realizar la eutanasia, administrando dos disparos para terminar con el sufrimiento del equino. La acción fue evaluada y considerada justificada por su supervisor, Sato Danny López Rivera, y el Teniente II Ángel J. Baerga Montes, quienes confirmaron que el uso de fuerza cumplía con las políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Ley 154 de 2008. No se reportaron lesiones a los oficiales involucrados.

El 1 de noviembre de 2020, a las 9:45 PM, en Bo. Cuchillas, Moca, la Policía de Puerto Rico intervino con Carlos J. Hernández Alonso, quien fue detenido por pasar una luz roja y conducir bajo la influencia del alcohol. Durante el proceso de arresto, Hernández se mostró hostil y se resistió, lo que llevó a la policía a utilizar comandos verbales, gas pimienta y restricciones mecánicas (esposas) para asegurar su arresto. A pesar de la resistencia, no se reportaron lesiones ni de Hernández ni de los oficiales involucrados. La investigación posterior, encabezada por la Tnte. Sandra I. Román Bonilla, determinó que el uso de la fuerza fue justificado y recomendó adiestramiento adicional para situaciones similares, subrayando la rendición de cuentas de la policía ante el uso de fuerza.

En la madrugada del 24 de julio de 2020, en Carolina, Puerto Rico, la Policía intentó detener a un motociclista imprudente, Maycol Angello Franco, de 23 años. Al no obedecer las órdenes, el Agente Luis Crespo Colón utilizó técnicas de "manos duras" para someterlo, después de que Franco perdió el control de su motocicleta y atropelló al Agente Víctor Palat Rodríguez. A pesar de las lesiones del agente, que no fueron especificadas, se determinó que el uso de la fuerza fue justificado por el Supervisor José A. González Caban, quien no consideró necesarias acciones disciplinarias. La investigación posterior por la Unidad de Investigación corroboró que la actuación de los agentes se alineaba con las políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, asegurando así la rendición de cuentas en el manejo de la fuerza.

El 23 de julio de 2020, a las 3:00 P.M., en la Carr. 362 en San Germán, Puerto Rico, la policía detuvo a Edward Silva Feliciano durante un control de velocidad, tras notar un fuerte olor a marihuana en su vehículo. Silva se resistió a las órdenes de los oficiales y trató de huir, lo que llevó al Sargento Duamel González a dispararle. Silva, quien sufrió una herida de proyectil, fue arrestado más tarde. Una investigación posterior realizada por la Unidad de Inspección de Fuerzas determinó que el uso de fuerza por parte del Sargento González fue no justificado y contrario a las políticas del Negociado de Policía de Puerto Rico, llevando el caso a una revisión más exhaustiva por parte de la FIU.

El 22 de julio de 2020, la Policía de Puerto Rico respondió a una llamada de emergencia en Minillas Alto, San Germán, donde Diane Ortiz Irizarry, de 42 años, presentaba un comportamiento agresivo, amenazando a su madre con un tubo de metal. Al llegar, los agentes intentaron desescalar la situación, pero Diane lanzó una fruta a un agente y agredió a otro, lo que llevó a la oficial Karem E. Baez a usar un dispositivo de control eléctrico (DCE) para someterla. Diane no resultó herida, pero la agente Baez sufrió una fractura en la muñeca y el pulgar. La investigación del teniente Janice Vega concluyó que el uso de la fuerza fue justificado y acorde a las políticas del Negociado de la Policía, y el caso fue referido a la Fuerza de Investigaciones para seguimiento.

El 31 de marzo de 2020, a las 5:00 PM, la Policía de Puerto Rico arrestó a José Emilio Silva Muños, de 21 años, en su residencia en el barrio Espino, San Lorenzo, tras amenazar con un arma blanca a una persona de 86 años. La intervención policial fue liderada por el oficial José C. Fernández Santa, quien utilizó una técnica de "manos suaves" para realizar el arresto, el cual fue considerado justificado y conforme a las políticas del Negociado de la Policía. A pesar de que Silva manifestó dolor en la muñeca después del arresto, no se reportaron lesiones significativas ni para él ni para los agentes involucrados. La investigación posterior, respaldada por testimonios de tres testigos, concluyó que la policía actuó dentro de los parámetros establecidos, garantizando el respeto a los derechos del arrestado.

En un incidente ocurrido el 18 de marzo de 2020 en la Carr. 164 KM 0.2, Bo. Nuevo en Naranjito, la policía de Puerto Rico utilizó un dispositivo de control eléctrico (DCE) al intentar arrestar a Xavier J. Nieves Rivera, un joven de 20 años que conducía un vehículo Kia Soul hurtado y desobedeció las órdenes de detención. Tras una breve persecución, Nieves Rivera impactó contra una barrera y un árbol, y al intentar escapar hacia un área boscosa, sufrió laceraciones menores en sus manos. La evaluación posterior del uso de fuerza, realizada por el sargento Luis E. Martínez, determinó que fue justificada y no se recomendó ninguna acción correctiva. El sujeto recibió atención médica y fue dado de alta en buen estado. Este caso resalta el protocolo de la policía en el uso de la fuerza y su rendición de cuentas ante tales incidentes.

El 2 de marzo de 2020, en el Barrio Quebrada Arena de Toa Alta, la Policía de Puerto Rico utilizó la fuerza para realizar la eutanasia de un equino gravemente herido tras un accidente vehicular. El Agente Dorian A. Pérez Borrero, siguiendo la Ley 154 de Bienestar Animal, disparó un tiro de gracia al animal, que había sufrido lesiones severas en sus patas. La acción fue autorizada por el veterinario José M. Trujillo Torres y, tras la evaluación de la Sargento Gladys Rosario Rivera y el Teniente Carlos M. Acevedo Vega, se determinó que el uso de la fuerza fue justificado y adecuado, sin necesidad de medidas correctivas. Este incidente subraya la responsabilidad de las autoridades en el manejo de situaciones que afectan el bienestar animal y la importancia de la rendición de cuentas en el uso de la fuerza por parte de la policía.

El 14 de noviembre de 2019, en Vieques, un hombre desnudo y agresivo, Ryan Stoffle, fue detenido por la policía tras causar daños a vehículos frente a la Escuela 20 de septiembre de 1988. El agente Gerena, al llegar al lugar, intentó controlar la situación verbalmente, pero debido a la resistencia de Stoffle, se utilizó un Dispositivo de Control Eléctrico (DCE), resultando en lesiones menores y una caída que le causó una herida en la barbilla. La intervención fue evaluada y considerada justificada por el supervisor Sato López y el MEI Robert Román Burgos, quienes concluyeron que el uso de la fuerza era necesario para proteger la seguridad pública, particularmente en un área con presencia de niños. El incidente resalta la responsabilidad de la policía en la gestión de comportamientos peligrosos y su adherencia a las políticas del Negociado de Policía de Puerto Rico, con el debido seguimiento de la atención médica a los involucrados.

El 23 de octubre de 2019, en el Sector Puente Roto de Barranquitas, la Policía de Puerto Rico respondió a un llamado de emergencia sobre Antonio José Colón Vázquez, de 25 años, quien se encontraba bajo el efecto de sustancias controladas y actuando de manera agresiva en su hogar. Al llegar, los oficiales intentaron calmarlo, pero tras un enfrentamiento en el que Antonio agredió a uno de los agentes, se utilizó una técnica de control que resultó en su derribo y posterior arresto. Durante el proceso, Antonio sufrió una laceración en la frente, mientras que ningún oficial reportó lesiones. La investigación del Sargento José M. Morales Rojas concluyó que el uso de la fuerza fue justificado y se alineó con las políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, sin que se encontraran violaciones de protocolo.

El 15 de octubre de 2019, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza moderada en un incidente en el Hogar Casa Elvira, ubicado en Toa Alta, al intentar ejecutar una orden de ingreso involuntario contra Augusto D. Herrera Alicea, de 36 años, quien se encontraba en un estado agresivo y se resistía a la intervención. Los agentes Daniel J. Ortiz Torres y Linda Del Valle Rivera emplearon técnicas de control mediante "manos suaves" para restringirlo y asegurar su transporte, ya que no había camillas disponibles. No se reportaron lesiones ni para el involucrado ni para los agentes, y una evaluación posterior determinó que el uso de la fuerza fue justificado y acorde con las políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, sin necesidad de una investigación administrativa adicional.