El 23 de junio de 2022, en la carretera 900 frente a la urbanización Jaime C. Rodríguez en Yabucoa, la Policía de Puerto Rico arrestó a Lissamaelis Huertas Medina, de 23 años, tras un incidente de violencia doméstica. Huertas mostró un comportamiento hostil, resistiéndose al arresto con gritos y agresiones físicas, lo que llevó a los agentes a utilizar fuerza física controlada para someterla, sujetando sus brazos y piernas para evitar que se lastimara. La teniente Michael Estrada, supervisora del incidente, determinó que el uso de la fuerza fue justificado y adecuado, sin que se reportaran lesiones significativas. Tras el arresto, se le brindó atención médica debido a su condición de presión alta, pero se negó a tratamiento adicional. Las evaluaciones del incidente por parte de las autoridades policiales reafirmaron la necesidad de las técnicas de control empleadas.

El 21 de junio de 2022, la Policía de Puerto Rico utilizó un dispositivo de control eléctrico (DCE) para arrestar a Luis D. Ortiz Rivera, de 25 años, en el sector Las Parcelas de Barranquitas, tras una orden de arresto por violencia doméstica. Durante el intento de arresto, Ortiz reaccionó de manera agresiva, lo que llevó al Agente Ángel M. López a usar el DCE en dos ocasiones para someterlo. Ortiz sufrió heridas por los dardos del dispositivo y fue atendido en el Hospital Mennonita de Aibonito. La investigación posterior, realizada por superiores policiales, concluyó que el uso de la fuerza fue justificado y conforme a las políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, garantizando así la rendición de cuentas en el proceso.

El 15 de junio de 2022, en la carretera 54 de Guayama, Puerto Rico, la Agente Bladimarie Bermúdez Vega, coordinadora de la Ley 154-2008, utilizó su arma de fuego para administrar un "tiro de gracia" a un equino con una fractura expuesta, tras recibir un informe sobre el animal herido. La acción fue evaluada y considerada justificada por los tenientes Reynaldo Malavé y Daniel Padilla, quienes coincidieron en que la agente actuó conforme a los protocolos para evitar el sufrimiento del animal. Aunque no se reportaron lesiones a la agente ni a otros presentes, se recomendó adiestramiento adicional para mejorar la respuesta en futuros incidentes. Este caso resalta la importancia del uso responsable de la fuerza por parte de la policía en situaciones relacionadas con el bienestar animal.

El 7 de mayo de 2022, en Vega Baja, Puerto Rico, la Policía tuvo que usar la fuerza tras un accidente vehicular que dejó a un equino gravemente herido. Ante la situación crítica del animal, el Agente Elías Otero Ortiz, tras consultar con el veterinario Dr. José Trujillo, realizó un "tiro de gracia" para evitar su sufrimiento, lo que resultó en la muerte inmediata del equino. Aunque el Agente Otero sufrió una herida de proyectil durante el incidente, se determinó que el uso de la fuerza fue justificado y adecuado por parte del Sargento Luis M. Vega Gómez, con la aprobación del Teniente José R. Cruz Marrero, asegurando así la rendición de cuentas de la actuación policial. El cuerpo del equino fue posteriormente sepultado por el personal del municipio.

El 20 de abril de 2022, en el sector La Boca de Barceloneta, un equino hembra fue encontrado herido y sin poder moverse, lo que llevó al agente de la Policía de Puerto Rico, José Cubero González, a activar el protocolo de la Ley 154 sobre el bienestar de los animales. Tras consultar con el veterinario Dr. Héctor Pérez, se autorizó la eutanasia del animal, que se llevó a cabo mediante un tiro de gracia a las 12:01 p.m. utilizando un arma de reglamento. El incidente fue evaluado por supervisores de la policía, quienes determinaron que el uso de la fuerza fue justificado y dentro de los parámetros legales, sin recomendar investigaciones adicionales. No se reportaron lesiones al agente ni daños permanentes, y el cadáver del equino fue retirado por personal municipal.

En un incidente ocurrido el 27 de febrero de 2022 en Manatí, Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico usó la fuerza durante la detención de Christopher Vega Rivera, un hombre de 23 años, quien había evadido un control de seguridad tras ser identificado como conductor de un vehículo robado. Durante la persecución, Vega y un pasajero del Kia Sedona apuntaron con un rifle a los agentes, lo que llevó al Agente Juan M. Perales a disparar en defensa propia, resultando en heridas de bala en ambas piernas para Vega. El Sargento Juan Tapia Melendez investigó el incidente y concluyó que el uso de la fuerza por parte de los agentes fue justificado y dentro de los protocolos del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Vega fue arrestado y atendido en el Manati Medical Center, mientras que se encontraron armas de fuego en el vehículo. Las acciones de los agentes fueron evaluadas y consideradas apropiadas tras la revisión del caso.

El 14 de febrero de 2022, a las 19:40, la Policía de Puerto Rico utilizó un Dispositivo de Control Electrónico (DCE) para someter a Yomar Morales Aponte, de 26 años, durante un incidente de violencia doméstica en el barrio Boquerón de Las Piedras. La policía respondió a una llamada de Iris Y. Peña Dieppa, quien temía por su vida debido a la agresividad de su pareja. A pesar de que Morales Aponte mostró un comportamiento amenazante, no sufrió lesiones visibles y fue atendido en un centro médico. Tras una investigación interna, los supervisores evaluaron el uso de la fuerza como justificado y conforme a los protocolos del NPPR, recomendando formación continua para los agentes involucrados. No se reportaron violaciones a las políticas de la policía.

El 2 de junio de 2022, en la Comandancia Área Aibonito, un menor de 17 años, C.E.R.R., fue sometido a un uso de fuerza por parte de la Policía de Puerto Rico tras comportarse de manera agresiva y autolesionarse durante su detención por violaciones a la Ley 54. Ante la resistencia activa del menor, se utilizó gas pimienta, clasificado como Nivel 2 de fuerza, para controlarlo y prevenir daños a sí mismo y a la propiedad. La intervención fue evaluada por el sargento Héctor Guzmán Zayas, quien determinó que el uso de fuerza fue justificado y conforme a las políticas del Negociado de Policía de Puerto Rico. El menor recibió atención médica tras la aplicación del gas y fue declarado en buenas condiciones generales, lo que resalta el protocolo de rendición de cuentas de la policía en situaciones de uso de fuerza.

El 7 de diciembre de 2021, a la 1:30 PM, en la carretera 615 del barrio Pozas en Ciales, Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza al autorizar la muerte de un equino herido de gravedad. El Agente Joel Vidot, tras recibir una llamada del Policía Municipal Delvin Figueroa, disparó al animal con su arma de reglamento, tras consultar con el veterinario Dr. Osmar Rivera, quien determinó que la herida era irreversible. Esta acción fue supervisada por el Sargento José Rodríguez Rosario y posteriormente evaluada por otros oficiales, quienes concluyeron que el uso de fuerza fue justificado y acorde a las políticas del NPPR, sin necesidad de una investigación adicional. El cuerpo del equino fue enterrado por personal municipal. No se reportaron lesiones al personal policial involucrado en el incidente.

El 3 de diciembre de 2021, en Trujillo Alto, la Policía de Puerto Rico utilizó un dispositivo de control eléctrico (DCE) contra Rubén Santiago Medina, un hombre de 57 años, que mostraba un comportamiento agresivo al golpear vehículos en la Carretera #978. A pesar de que el dardo del DCE no logró establecer el circuito eléctrico, Santiago continuó agresivo, lo que llevó a su arresto físico por parte de los agentes Juan F. Navarro y Luis A. De Jesús. Tras el incidente, Santiago recibió atención médica y fue evaluado psiquiátricamente debido a un posible problema de salud mental. Un sargento que supervisó el caso determinó que el uso de fuerza por parte del agente Navarro fue justificado, y el caso fue referido a las instancias correspondientes para un seguimiento adecuado. La policía actuó conforme a sus políticas en este incidente.

En un incidente ocurrido el 25 de agosto de 2021 en el Barrio San Antonio de Quebradillas, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza mínima para arrestar a Pedro Rodríguez Reverón, de 42 años, tras recibir un informe de comportamiento agresivo. Los agentes Jorge Hernández y Deborah Figueroa, junto con el Sargento Julio Castillo, respondieron a la llamada y, al encontrar a Rodríguez en un estado hostil, intentaron calmarlo sin éxito. Ante su resistencia activa, el Sargento Castillo aplicó técnicas de control, permitiendo que Rodríguez fuera esposado sin reportar lesiones significativas, salvo algunas raspaduras. Posteriormente, un teniente evaluó el uso de fuerza como prudente y alineado con las políticas del Negociado de la Policía, y se determinó que no hubo violaciones. Rodríguez fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón tras ser presentado ante el juez por resistencia y maltrato a su madre, fijándose una fianza de $10,000 que no fue prestada.

En un incidente ocurrido en la Estación de Gasolina Shell en Comerío, Puerto Rico, en la madrugada del 1 de agosto de 2021, la policía usó un taser para someter a Bryan E. Centeno, un hombre de 31 años que fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol. Centeno, quien mostró un comportamiento agresivo y hostil hacia los agentes, golpeó a uno de ellos durante su arresto, lo que llevó a que el Agente José F. Rivera Díaz utilizara el taser en un intento de controlar la situación. A pesar de ser impactado, Centeno continuó resistiéndose, lo que resultó en una lucha en el suelo antes de ser finalmente arrestado. Las lesiones de Centeno incluyeron heridas por los dardos del taser, y fue llevado al Hospital Menonita para atención médica. Después de una revisión del incidente, se determinó que la fuerza utilizada fue justificada y acorde a las políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico, con los agentes rindiendo cuentas por su actuación.

El 22 de junio de 2021, en la Barriada Ojo de Agua en Vega Baja, la Policía de Puerto Rico utilizó su arma de reglamento para realizar un "tiro compasivo" a un caballo con ambas patas traseras rotas, en un intento de evitar su sufrimiento prolongado. Los agentes Mario Rodríguez Negrón y Jorge Ramos Sato, tras consultar con un veterinario, determinaron que esta era la mejor opción para el animal. La supervisora del turno y otros oficiales revisaron el incidente, concluyendo que la acción fue conforme a las leyes y políticas del Negociado de Policía de Puerto Rico, y no se reportaron lesiones a personas ni violaciones a derechos constitucionales. El equino fue sacrificado, y no se tomaron medidas disciplinarias contra los agentes, quienes actuaron de acuerdo a los procedimientos establecidos.

El 4 de abril de 2021, en el Barrio Llanos de Aibonito, la Policía de Puerto Rico utilizó un dispositivo de control eléctrico (DCE) para someter a Gabriela Pagan Rivera, una mujer de 26 años que mostró un comportamiento agresivo y estaba bajo la influencia del alcohol. Tras ser llamada por una querella de agresión en la panadería Sweet Bakery, los agentes encontraron a Gabriela desafiando verbalmente y cerrando los puños. Después de un primer intento fallido, el DCE fue aplicado con éxito en una segunda ocasión, llevando a su arresto. Gabriela sufrió lesiones en la muñeca y el muslo, siendo transportada al hospital para atención médica. La investigación posterior, conducida por el sargento José M. Morales Rojas, concluyó que el uso de la fuerza fue justificado y en conformidad con las políticas de la PPR, con el caso referido a la fiscalía para evaluación mental y posibles cargos criminales.

En un incidente ocurrido el 2 de abril de 2021 en el Sector La Macanea, Bo. Tomás de Castro en Caguas, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza para arrestar a Juan R. Díaz Marcano, de 25 años, tras un reporte de violencia doméstica. Al ser localizado, Díaz Marcano cooperó inicialmente, pero se resistió al ser informado de su arresto. El Agente Juan P. Ocasio aplicó técnicas de "mano dura" para controlar al sospechoso, llevándolo al suelo y esposándolo sin que se reportaran lesiones a ninguna de las partes. Una evaluación posterior, liderada por el Sargento Carmelo Agosto y validada por el Teniente Francisco J. Aponte Alvarado, concluyó que el uso de la fuerza fue necesario y conforme a los procedimientos del Negociado de Policía, asegurando así que la policía rinde cuentas de sus acciones en este tipo de situaciones.