El 15 de julio de 2023, a las 23:26, la Policía de Puerto Rico respondió a un robo de auto en Vega Baja, donde un Mitsubishi Mirage fue perseguido. Durante la intervención, los agentes localizaron a D.H.R., un joven de 15 años, quien huyó del vehículo robado. El Agente Fernando Soto desenfundó su arma al considerar la posibilidad de una amenaza, pero D.H.R. fue arrestado sin resistencia y sin reportarse lesiones. La evaluación del uso de fuerza por parte del sargento Ríos Pratts determinó que fue justificado y conforme a las políticas policiales, lo que resultó en la conclusión de que no eran necesarias acciones disciplinarias contra los agentes involucrados.

El 17 de junio de 2023, a las 10:13 p.m., en Bayamón, Puerto Rico, la Policía intervino en un incidente que comenzó cuando Victor Jiménez Román, de 57 años, evadió una señal de alto tras ser detectado conduciendo a 108 mph en un Chevrolet Camaro. Durante la persecución, el vehículo se estrelló y comenzó a incendiarse. Al salir del auto y tras mostrar resistencia activa, Jiménez fue arrestado por el Agente Roberto Aparicio Montes, quien utilizó fuerza durante la detención, la cual fue evaluada como justificada por los supervisores, considerando el nivel de fuerza 3 apropiado para la situación. Jiménez sufrió una herida en la cabeza durante el accidente, requiriendo 10 puntos de sutura, pero no se reportaron lesiones en los agentes. La intervención fue analizada administrativamente, confirmando que las acciones de la policía se alinearon con las políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

El 25 de mayo de 2023, en Aguada, Puerto Rico, la policía utilizó fuerza para controlar a Emilio J. Melendez Jimenez, un hombre de 25 años con problemas mentales, tras una orden de ingreso involuntario. La intervención fue solicitada por su madre debido a su comportamiento agresivo. Al llegar, los agentes intentaron dialogar, pero Melendez reaccionó violentamente, golpeando a uno de los oficiales y sujetándolo del cuello, lo que llevó a los agentes, incluidos el Agente Osvaldo Arocho y el Sargento Luis Febus, a utilizar gas pimienta para someterlo. Melendez fue trasladado al hospital para descontaminación, mientras que el Agente Arocho sufrió lesiones menores. La investigación posterior, liderada por el Teniente Samuel Pagan, concluyó que el uso de fuerza fue justificado y recomendó capacitación adicional para los oficiales en intervenciones bajo la Ley 408.

El 5 de mayo de 2023, en Barranquitas, la Policía de Puerto Rico llevó a cabo un incidente que involucró el uso de fuerza durante la detención de Orvin Malave Alicea, un joven de 20 años que evadió una intervención policial mientras conducía un "four track" sin el equipo de seguridad requerido. Tras una breve persecución de 1.2 km, Malave mostró resistencia activa, lanzando un puño al Sargento Humberto Sullivan, quien respondió derribándolo al suelo con la ayuda de otros agentes. La fuerza utilizada fue clasificada como Nivel 2 - Manos Duras y fue considerada justificada por el Teniente Damian Rivera Núñez, cumpliendo con las políticas del Negociado de Policía de Puerto Rico. Malave sufrió laceraciones no relacionadas con la acción de los agentes y fue atendido en un hospital, mientras que no se reportaron lesiones entre los policías. La documentación del incidente se completó posteriormente debido al agotamiento de los agentes.

El 4 de abril de 2023, a las 10:30 p.m., la Policía de Puerto Rico intervino en un caso de violencia doméstica en el Sector El Fósforo, Bo. San Antonio, Quebradillas, donde intentaron arrestar a Alexis Olavarría Reyes, de 38 años. Al negarse a cooperar y resistirse a salir de su vehículo, los agentes, liderados por el Agente A. Muñiz Hernández, utilizaron un dispositivo de control eléctrico (TASER) para someterlo, lo que permitió su arresto sin que se reportaran lesiones en ninguna de las partes. La actuación de los agentes fue evaluada por supervisores, quienes determinaron que el uso de fuerza fue justificado y conforme a las políticas del Negociado de la Policía, concluyendo que no era necesaria una investigación administrativa adicional. Olavarría fue llevado a un centro médico donde recibió el alta sin lesiones visibles.

El 29 de marzo de 2023, en una estación de gasolina en Vega Alta, la Policía de Puerto Rico utilizó un Taser contra Marvin D. Pérez, un hombre de 45 años y sin hogar, tras ser sorprendido robando en una farmacia. Pérez, al ser confrontado, mostró resistencia y asumió una actitud agresiva, lo que llevó al uso de fuerza por parte del Agente Axel Ortiz, quien lo impactó con el dispositivo eléctrico. Posteriormente, el Agente Luis Domínguez aplicó técnicas de control para arrestarlo. El Sargento José Martínez evaluó el uso de fuerza como justificado y acorde a las políticas policiales. Pérez fue transportado a un centro médico para la extracción de los dardos del Taser y enfrenta cargos por apropiación ilegal y posesión de sustancias controladas, con una fianza de $40,000 fijada por la juez Milagros Muñiz, que no fue pagada, resultando en su ingreso a prisión. Las acciones de los oficiales fueron revisadas y consideradas apropiadas, sin necesidad de medidas correctivas.

El 5 de marzo de 2023, en Guayama, Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza letal durante un enfrentamiento con tres ocupantes de un vehículo sospechoso que dispararon contra los agentes. El incidente se produjo en la Carretera 54, donde los policías, pertenecientes a varias unidades, respondieron a la amenaza armada con sus armas de reglamento, lo que fue clasificado como uso de fuerza letal (nivel 4). A pesar de la gravedad de la situación, no se reportaron heridos entre los agentes ni los sospechosos, y Carlos Manuelle Martínez López, uno de los ocupantes, fue arrestado en la escena. La investigación posterior, liderada por la Teniente Héctor Cruz Ramos, determinó que la acción policial fue justificada, aunque se identificaron deficiencias en la documentación del incidente.

El 1 de marzo de 2023, a las 13:45, la División de Drogas de Yauco de la Policía de Puerto Rico llevó a cabo un operativo en el barrio Magas Arriba, Guayanilla, donde arrestaron a Javier Caraballo Colón, de 36 años, por la compra de sustancias controladas. Durante el arresto, Caraballo se opuso activamente, lo que resultó en un forcejeo con los agentes. Se utilizó una técnica de torcedura de muñeca para controlar a Caraballo, quien sufrió una laceración en el codo izquierdo, requería atención médica. Los agentes también reportaron lesiones durante el incidente. El Teniente II Héctor Mercado Vega determinó que el uso de fuerza fue justificado y dentro de las políticas del Negociado de Policía, aunque recomendó un readiestramiento en la documentación de incidentes. La investigación concluyó que los oficiales actuaron adecuadamente, y no se tomarán acciones administrativas.

El 2 de noviembre de 2023, en Bayamón, Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza para sacrificar un caballo gravemente herido tras ser impactado por un vehículo. El agente Orlando Ramos Irizarry, con autorización del veterinario José Trujillo, disparó al animal para evitar su sufrimiento, acción que fue documentada y considerada justificada por los supervisores a cargo. La intervención fue evaluada conforme a los protocolos establecidos y no se reportaron lesiones al agente. Este incidente resalta la responsabilidad de la policía en el uso de la fuerza en situaciones críticas relacionadas con el bienestar animal.

El 14 de diciembre de 2022, en Utuado, Puerto Rico, la policía utilizó un dispositivo de control eléctrico (DCE) para someter a Amanda Marie Santiago López, de 25 años, tras su resistencia activa durante un intento de arresto. Santiago, quien ignoró las señales de detención mientras conducía en dirección contraria y usando el teléfono móvil, agredió al agente Eric N. Matos Rodríguez al intentar entrar a un restaurante, lo que provocó la intervención de otros agentes. Tanto Santiago como Matos resultaron con lesiones, aunque ambos se negaron a recibir atención médica. La revisión del incidente por parte de la supervisión policial y la Junta de Revisión de Fuerza concluyó que el uso de la fuerza fue justificado, cumpliendo con las políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

El 25 de noviembre de 2022, en el barrio Jacaguas de Juana Díaz, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza física durante el arresto de Wilmer López Montijo y Katia Y. Caraballo Meléndez, sospechosos de un robo en Walmart. La situación escaló cuando Caraballo agredió a la agente Luz Mary Cruz, quien sufrió contusiones y laceraciones, lo que requirió atención médica. A pesar de la resistencia activa de Caraballo y la intervención violenta de López, los agentes lograron controlar la situación. El teniente Ramiro Fernández Colón determinó que el uso de la fuerza fue justificado, y ambos sospechosos enfrentan cargos por agresión y resistencia al arresto, con fianzas fijadas en $150,000, que no pudieron prestar, resultando en su ingreso a instituciones correccionales. Las acciones de la policía fueron documentadas y evaluadas conforme a sus políticas, asegurando la rendición de cuentas en el proceso.

En un incidente ocurrido el 31 de octubre de 2022, en la carretera 863 de Toa Baja, la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza para arrestar a Jeffry Rolón Rosado, de 29 años, tras ser sorprendido escalando una residencia. Los agentes, tras interceptar su vehículo, enfrentaron resistencia activa de Rolón, lo que resultó en un forcejeo físico y la aplicación de técnicas de "agarrar y llevar" al suelo, clasificado como uso de fuerza de Nivel 2. La investigación posterior, liderada por el Teniente Luis Martínez Serrano, concluyó que la fuerza utilizada fue justificada y no se reportaron lesiones ni para el arrestado ni para los oficiales. La evaluación fue respaldada por el Teniente Yazmín Colón Rodríguez, quien determinó que no eran necesarias medidas correctivas, subrayando la rendición de cuentas en el proceso.

El 13 de septiembre de 2022, en el barrio Sumido de Cayey, la Policía de Puerto Rico intervino con Jean Poul Escalante Díaz, un hombre de 19 años que mostraba un comportamiento violento, lanzando piedras y gritando insultos a los oficiales. Al intentar arrestarlo, los agentes, liderados por el Teniente Javier Soto y el Agente Jose Negroni, usaron técnicas de control, lo que llevó a que Escalante se autoinfligiera lesiones al golpear una pared. Fue atendido en el Hospital de Área Mariano Rivera y dado de alta en buenas condiciones. Una investigación posterior determinó que el uso de fuerza, clasificado como de nivel 2, fue justificado y que se siguieron los protocolos adecuados. El caso fue referido a la Unidad de Investigación de Fuerza para un análisis más exhaustivo, recomendando adiestramiento adicional para los oficiales involucrados.

El 29 de agosto de 2022, a las 11:30 p.m., la Policía de Puerto Rico utilizó fuerza física durante el arresto de Jonathan Franco Sánchez en la Carretera 734, frente al negocio El Yukery, en el barrio Arenas, Cidra. Tras responder a una serie de robos, los oficiales detuvieron a Franco, quien inicialmente obedeció las órdenes, pero luego mostró resistencia activa al intentar ocultar sus brazos, lo que llevó a los agentes a aplicar técnicas de "manos duras" para colocarle las esposas. Durante el arresto, se le confiscó una pistola calibre 9mm y una suma considerable de dinero. Aunque Franco sufrió raspaduras en las rodillas, recibió atención médica en el Hospital Menonita de Cidra. El Teniente John Rosado Rivera, supervisor del caso, determinó que el uso de la fuerza fue justificado de acuerdo con las políticas policiales, y se documentaron evidencias del incidente, aunque se identificaron algunas omisiones en los informes que necesitan corrección.

El 29 de junio de 2022, en el Barrio Pasto Viejo de Cayey, la Policía de Puerto Rico utilizó la fuerza para arrestar a Damián Alsina Vázquez, de 35 años, quien había amenazado a un vecino con un bate de béisbol y causó daños a su vehículo. Durante el arresto, Alsina mostró resistencia y agredió al Agente Luis Rodríguez, lo que resultó en una lesión en la rodilla del oficial. En respuesta a su comportamiento agresivo, el Sargento José Cotto empleó un Taser en dos ocasiones, lo que permitió finalmente someter y arrestar a Alsina, quien sufrió laceraciones en el rostro. Los oficiales involucrados también requirieron atención médica por lesiones menores. Tras la evaluación del Teniente Ángel D. Vega Cortez, se determinó que el uso de la fuerza fue justificado y conforme a los protocolos del Negociado de Policía de Puerto Rico, destacando la importancia del cumplimiento de los procedimientos de seguridad en situaciones críticas.